Las pensiones se han convertido en el mayor desafío de las cuentas públicas españolas. Según los cálculos del propio Gobierno para los presupuestos de 2027, el pago de las nóminas de los jubilados y otras prestaciones asumidas por la Seguridad Social supondrá alrededor del 80% del déficit previsto para el Estado el próximo año. La cifra, adelantada esta semana, resume en un solo número una tensión que España lleva años posponiendo.
Qué significa exactamente este 80%
El déficit es la diferencia entre lo que el Estado ingresa y lo que gasta: un agujero que se cubre emitiendo deuda. El plan del Gobierno es cerrar el próximo año con un déficit global del 1,8% del PIB, y la mayor parte de ese desequilibrio recae sobre la Administración Central, que asume mediante transferencias buena parte del pago de las pensiones.
Dicho de otra forma: de cada diez euros que el Estado prevé gastar por encima de sus ingresos, aproximadamente ocho están vinculados al sistema de pensiones y prestaciones sociales.
Por qué está ocurriendo: la demografía manda
La causa de fondo no es coyuntural, es estructural. España envejece y la generación del baby boom —la más numerosa de su historia— está entrando en edad de jubilación. Cada año hay más personas cobrando una pensión y, proporcionalmente, menos trabajadores cotizando para financiarla.
El propio diseño del sistema lo refleja en los números. Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), las cotizaciones sociales —la fuente que debería sostener un sistema contributivo como el español— han pasado de financiar el 92,3% del gasto en pensiones a apenas el 69,8%. El resto se cubre cada vez más con transferencias del Estado, es decir, con recursos que dejan de destinarse a otras partidas o que se financian con deuda.
Un conflicto entre generaciones sin villanos
Aquí está la tensión que hace este debate tan difícil de resolver.
Por un lado, quienes hoy cobran una pensión cotizaron durante décadas de trabajo. No reciben un regalo, sino la contraprestación de lo que aportaron. Recortar las pensiones supondría empobrecer a millones de mayores que dependen de ese ingreso.
Por otro lado, si el sistema gasta cada año más de lo que ingresa y cubre la diferencia con deuda, esa deuda recaerá sobre los trabajadores más jóvenes: los mismos que cotizan ahora y que, con la tendencia demográfica actual, afrontan una mayor incertidumbre sobre la pensión que percibirán en el futuro.
No es un conflicto con culpables evidentes. Es un choque entre dos derechos legítimos que la política tiende a aplazar, en parte porque el colectivo de pensionistas tiene un peso electoral considerable.
Qué han hecho otros países
España no es un caso aislado. Varias economías europeas han afrontado el mismo reto demográfico con medidas como el retraso progresivo de la edad de jubilación, la combinación del sistema público con fórmulas de ahorro privado o ajustes en el cálculo de las prestaciones. Son decisiones impopulares, pero que buscan repartir el esfuerzo antes de que el desequilibrio se vuelva inmanejable.
El sistema español no está quebrado hoy. Pero los números describen una trayectoria que, sin reformas, se vuelve cada vez más difícil de sostener. Y como suele ocurrir en economía, las cuentas terminan alcanzando a quien decide no mirarlas.
Fuentes consultadas